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Prioridades del Grupo del PPE-DE para 2004-2009
 I. ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO: FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD                    La competitividad es el motor de los resultados económicos. Necesitamos mejorar la competitividad en Europa y, por tanto, establecer un auténtico mercado único del conocimiento y la investigación para que Europa se adapte a la economía global y alcance sus objetivos sociales, económicos y medioambientales. En este ámbito, Europa debe obtener mejores resultados. Nuestra desventaja competitiva en materia de investigación, por ejemplo, es obvia: el presupuesto destinado a la investigación sigue siendo menor en Europa y nuestras economías no son tan capaces de obtener provecho económico de los resultados de la investigación científica. La innovación y una mayor movilidad de personas e ideas son imprescindibles para superar de estas deficiencias. I. 1. Creación de un espacio europeo del conocimiento: educación y formación permanente La calidad es la clave de la competitividad. El Grupo del PPE-DE apoya firmemente la creación de un espacio europeo del conocimiento, que ya ha sido señalado como prioridad por los Consejos de Lisboa y Estocolmo, ya que tal medida permitirá que nuestro continente proporcione recursos humanos altamente cualificados. En el marco de esta nueva economía, a la hora de elaborar las políticas de la UE se debería prestar especial atención a la educación, a la formación y al fomento de la cooperación en el mercado laboral. Éstos son los elementos clave para hacer de Europa una sociedad competitiva basada en el conocimiento, así como para consolidar y fomentar entre las nuevas generaciones los grandes valores de una identidad europea basada en el respeto de su diversidad. I.1.1 Creación de una auténtica cultura del aprendizaje El aprendizaje permanente es vital para todos los ciudadanos. Éste es el elemento central del desarrollo humano. Es preciso mejorar el acceso a un sistema educativo eficaz y a una formación de gran calidad para que los ciudadanos puedan participar plenamente en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, nuestro objetivo es más ambicioso: los sistemas educativos y de formación deberán tener en cuenta sistemáticamente las necesidades específicas de cada persona así como los de la empresa europea; las universidades deben tener sistemáticamente en cuenta estas necesidades al establecer sus programas, a fin de conciliar la educación y el aprendizaje permanente con las oportunidades que ofrece el mercado laboral. Así, mejoraremos la capacidad de adaptación y de inserción profesional de la mano de obra, incluida la generación precedente, y contribuiremos a la reducción del desempleo. I.1.2 Transformación de la Comunidad en un centro de excelencia Los sistemas europeos de educación superior deberán ser más competitivos en la escena internacional, y los programas de formación han de mostrar un mayor grado de apertura al resto del mundo para que los ciudadanos reciban una mejor preparación y puedan adaptarse a las necesidades de una economía competitiva basada en la alta tecnología. Los conocimientos lingüísticos y la movilidad en Europa constituyen un instrumento indispensable. Debería animarse a los ciudadanos a aprender dos o más lenguas y a estudiar en el extranjero durante al menos seis meses. Asimismo han de inculcarse la iniciativa empresarial y la autoconfianza en una fase inicial de la educación. Urge salvar los obstáculos y desarrollar los instrumentos de movilidad en los ámbitos de la fiscalidad, la administración, la seguridad social y el reconocimiento de títulos y diplomas. El uso de las tecnologías de la información y la formación en la materia deberían recibir especial atención. Este ámbito ofrece enormes oportunidades y medios muy útiles de integración social, por ejemplo de mujeres o personas con discapacidad. Los programas Sócrates, Tempus, Leonardo da Vinci, Juventud, Erasmus Mundus y eLearning deberán desarrollarse y ajustarse tanto en lo referente a objetivos como a financiación presupuestaria. Es necesario restituir el programa Comett a su concepción original conforme a objetivos específicos y darle un nuevo impulso. A fin de aumentar la eficacia de dichos programas y hacer posible su ulterior desarrollo, se deberá proceder a una evaluación comparativa ("benchmarking"), cuyos resultados han de estar disponibles y ser tenidos en cuenta al diseñar el programa siguiente. Se deberán fomentar la cooperación interuniversitaria, los títulos de postgrado comunes, el reconocimiento de títulos y el intercambio de métodos de enseñanza y de conocimientos. I. 2. La investigación como elemento fundamental de la competitividad europea La investigación ejerce una influencia considerable en los resultados económicos, en la competitividad y en la posición comercial de Europa y, por tanto, en la creación de empleo. Sin embargo, nuestro continente anda a la zaga en este ámbito con respecto a sus principales competidores: las inversiones, al igual que el número de solicitudes de patentes, son menores que en otros países y la balanza comercial de productos de alta tecnología es deficitaria. La fragmentación y dispersión de las actividades de investigación son sin duda la causa de la debilidad europea. Aquí es donde Europa puede realizar una valiosa contribución. I.2.1 Aumento de los esfuerzos de investigación europeos al menos a un 3% del PIB Si Europa pretende alcanzar a sus competidores, deberá realizar esfuerzos para incrementar el gasto en investigación a un 3 % del PIB, como mínimo (un tercio del gasto público y dos tercios de las inversiones privadas). La UE tan sólo destina el 1,9 % del PIB a I+D, en comparación con el 2,7 % de los EE.UU. y el 3 % del Japón. Es esencial facilitar a las PYME el acceso a las nuevas tecnologías, en particular a aquellas que cuentan con menos de 9 empleados y que, en comparación con las grandes empresas, encuentran mayores dificultades a la hora de utilizar las TI. Es preciso establecer sistemas de referencias y mejorar la explotación industrial de los resultados de la investigación. En estrecha relación con lo anterior, también se revelan necesarios el establecimiento de mecanismos de protección de la propiedad intelectual adecuados y jurídicamente seguros a escala europea y, más especialmente, la adopción de una decisión relativa a la patente comunitaria. I.2.2 Crear un Espacio Europeo de la Investigación eficaz Concentrar los esfuerzos de investigación en las nuevas tecnologías: la explotación industrial de los resultados de la investigación científica en campos como la biotecnología y las tecnologías de la información y de la comunicación es el principal motor del crecimiento económico. En los próximos años, la competitividad de Europa dependerá en gran medida de su capacidad para asumir el liderazgo en el ámbito de las nuevas tecnologías. La investigación teórica ha de convertirse en investigación aplicada que pueda aportar un valor añadido real. "La investigación pura de hoy contribuirá a las tecnologías aplicadas del mañana." Debemos respaldar la investigación básica para abrirnos camino hacia el futuro, y hemos de tener en cuenta que los ciclos de producción son cada vez más cortos. El cliente en tanto que destinatario deberá ser una prioridad en los trabajos de investigación. Se debería fomentar la cooperación entre las instituciones públicas y privadas, así como incrementar las actividades de investigación en las universidades y facilitar la transferencia de los resultados a las empresas privadas. Los incentivos fiscales deberían desempeñar un papel importante a la hora de fomentar la investigación en el sector privado. La intensificación de la investigación médica es otro requisito indispensable para mejorar los tratamientos y afrontar los problemas de salud pública que surjan en el futuro. Deberán asignarse fondos suficientes, especialmente a la investigación de enfermedades poco comunes o relacionadas con la edad, y a la resistencia a los antibióticos. La investigación sobre la calidad de los alimentos también ocupa un lugar importante en nuestras propuestas, que tienen por objeto garantizar alimentos seguros y de gran calidad. Deberán impulsarse, en concreto, las industrias biológicas. I. 3. Las nuevas tecnologías: afrontar los desafíos de la era digital El desarrollo de la tecnología digital acelera la convergencia de los medios de comunicación y obliga a establecer normas mínimas comunes para la circulación de contenidos audiovisuales a través de las fronteras. Abogamos por una política de apoyo al sector audiovisual tanto a escala nacional como comunitaria que fomente la diversidad cultural. I.3.1 Explorar el potencial de la biotecnología El PPE-DE considera que las nuevas tecnologías, y en particular la biotecnología, pueden contribuir a encontrar soluciones acertadas a los problemas medioambientales y a un desarrollo más sostenible. Estas tecnologías podrían también mejorar la disponibilidad y el suministro de alimentos, contribuyendo con ello a mejorar la salud humana. Por estas razones, es necesario fomentar dichas tecnologías. El PPE-DE no comparte la opinión de que la ingeniería genética y la biotecnología ofrezcan básicamente oportunidades en la medicina y riesgos en la agricultura; considera más bien que en ambos ámbitos ofrecen tanto grandes oportunidades, que deberían aprovecharse, como riesgos sustanciales, que deberían minimizarse mediante la legislación correspondiente. En cuanto a los límites éticos de la genética humana, la posición del Grupo se basa en las decisiones del Congreso del PPE "Una Unión de valores", celebrado en Berlín en 2001. I.3.2 Transformar "Televisión sin fronteras" en una directiva de contenido europeo Este programa, que tiene por objeto fomentar la cooperación a gran escala de las cadenas de televisión, debería dar un paso más y convertirse en una Directiva de contenido europeo para gestionar mejor la circulación de contenidos audiovisuales a través de las fronteras y fomentar una industria audiovisual europea fuerte y competitiva, cuya fuerza motriz sea el sector privado. Sería conveniente acabar con los retrasos en la adaptación de la legislación europea con el fin de cubrir las lagunas existentes, perjudiciales para el desarrollo de la tecnología en Europa. Sin embargo, subsisten obstáculos jurídicos para los medios de comunicación transfronterizos (v.g. los derechos de autor). Esta transformación debe tener en cuenta los cambios tecnológicos y de mercado. Esto implicaría, por un lado, la necesidad de establecer unos principios básicos comunes para toda Europa (derechos humanos, protección de menores, etc.) que deberían aplicarse a todos los servicios de contenido audiovisual y, por otro, la necesidad de adaptar o suprimir las normas obsoletas excesivamente detalladas, que, hoy en día, no tienen justificación alguna (algunas normas de publicidad, cuotas obligatorias, etc.) Deberán concebirse nuevas formas de autorregulación controlada para los nuevos medios de comunicación: los métodos de regulación y normalización alternativos cubren las lagunas jurídicas de las legislaciones nacionales y europea, por ejemplo de protección del consumidor, de forma más eficaz y menos burocrática. Los programas que ya existen en el sector de los medios audiovisuales deberán fomentarse y ampliarse, especialmente la iniciativa Innovación 2000 del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el programa Media, con el fin de incrementar la circulación de obras europeas fuera de su país de origen. A fin de garantizar la continuidad del desarrollo del sistema dual en la radiodifusión europea, al tiempo que se eliminan las actuales distorsiones de la competencia, los Estados miembros deben, de conformidad con el Protocolo de Amsterdam, definir clara y expresamente la misión de servicio público de los organismos públicos de radiodifusión para justificar la financiación pública. I.3.3 Desarrollo de una nueva generación de sistemas de telecomunicaciones Para mejorar la competitividad europea en el ámbito de las telecomunicaciones, debemos facilitar la aplicación de una normativa en dicha materia. Asimismo resulta fundamental garantizar la seguridad en Internet, que, en estos momentos, constituye uno de los principales obstáculos al desarrollo del comercio electrónico. Para mejorar la competitividad europea deberá facilitarse el despliegue de los sistemas de telecomunicaciones de tercera generación (3G). No obstante, la consolidación sin problemas de los operadores en el mercado y del comercio secundario del espectro 3G es igualmente importante en este sentido. Asimismo, será necesario establecer normas que regulen la compartición de las infraestructuras de redes móviles. El Grupo del PPE-DE tiene como prioridad mejorar las conexiones e infraestructuras de banda ancha, así como el contenido electrónico en la administración pública, la asistencia sanitaria y la educación con objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y a los servicios. I. 4. Construcción de una economía basada en la calidad y favorable a la iniciativa empresarial En una economía global, las empresas también necesitan un entorno de apoyo fiscal y jurídico basado en la calidad y en la iniciativa empresarial que les permita afrontar la competencia. Deberá hacerse hincapié en la aplicación a su debido tiempo y de manera eficaz de la estrategia de Lisboa y en la creación de un entorno empresarial estimulante. I.4.1 Aplicación de la estrategia de Lisboa para la reforma estructural: elaboración de un plan de trabajo claro La aplicación del programa de Lisboa se ha topado con la desidia política e incluso con una actitud de repliegue por parte de los Estados miembros a la hora de poner en marcha reformas estructurales de vital importancia. Por ello se necesita un plan de trabajo en el que se definan los pasos que han de seguirse y que permita poner en marcha las reformas oportunamente. Es necesario establecer un nuevo Plan de acción de reformas estructurales que fije un calendario estricto, que deberá cumplirse plenamente en antes de 2010. Asimismo, se deberá hacer especial hincapié en los objetivos de la Estrategia de Lisboa, en particular en los siguientes ámbitos: inversión pública y privada, especialmente en capital humano y en I+D, fomento del espíritu empresarial en la sociedad europea, apoyo a las PYME y reducción generalizada de impuestos en la UE. Protección adecuada de la propiedad intelectual e industrial: Ya que la propuesta de la Comisión sobre la patente europea se debate desde hace años sin que se haya encontrado una solución definitiva hasta el momento, quizás un concepto de protección de la propiedad intelectual radicalmente nuevo nos permita salir del actual atolladero. Nuestro Grupo aspira a crear una patente europea nueva, coherente y más accesible que halle un equilibrio entre el enfoque proteccionista estadounidense y el europeo, que ofrece incentivos a las empresas que realicen inversiones. Deberán revisarse en consecuencia otras directivas relativas a la propiedad intelectual (programas informáticos o marcas comerciales). Ha de completarse la liberalización del mercado de la energía. La UE está tomando medidas para alcanzar una liberalización total que dé lugar a una situación de igualdad de oportunidades en los sectores de la electricidad y del gas, los dos principales monopolios que aún persisten en el mercado interior. Tanto las empresas como los particulares tienen derecho a escoger libremente a sus proveedores en función de sus necesidades. Precisamos un marco jurídico armonizado que garantice un servicio público adecuado. La creación de un mercado paneuropeo de capitales sólido contribuirá a la reducción del coste de formación de capital en un entorno financiero que cambia con rapidez. Entre nuestras prioridades está garantizar que el Plan de acción sobre servicios financieros se complete en 2005 a más tardar, tal como establecen las conclusiones de Lisboa. En este proceso deberá introducirse un sistema de información financiera transparente que permita comparar eficazmente los resultados de diferentes empresas y llevar a cabo una supervisión prudencial adecuada y completa. En la misma línea, las nuevas disposiciones del Derecho contractual deberían hacerse extensivas a otras fuentes: bonos, investigación de valores y contratos de seguros. I.4.2 Gobernanza empresarial: crear igualdad de oportunidades en el ámbito del Derecho de sociedades Como consecuencia de las divergencias en torno al Derecho de sociedades, ya sea en la estructura, en las cuentas o en las críticas al control, algunas empresas no pueden beneficiarse plenamente del mercado interior, mientras que a otras se les conceden privilegios excesivos. Urge armonizar la legislación pertinente para ofrecer igualdad de oportunidades a las empresas europeas. Han de emprenderse nuevas iniciativas para sustituir la Quinta Directiva en materia de Derecho de sociedades, para la cual no pudo hallarse una posición común. Deberá elaborarse asimismo un marco en el cual se desarrolle una verdadera sociedad europea, que no surja de la fusión de empresas ya existentes. El segundo informe Winter, publicado en noviembre de 2002, contiene propuestas concretas: nuestro Grupo, que todavía ha de ultimar los detalles de su posición al respecto, presentará nuevas iniciativas sobre sociedades anónimas por acciones y sociedades de responsabilidad limitada, que requieren normas comunes más flexibles que permitan a las PYME beneficiarse del mercado interior. I.4.3 Fomento del espíritu empresarial y de un entorno propicio para las PYME En una economía global, las empresas también necesitan un entorno basado en la calidad, a saber, marcos jurídicos y financieros, infraestructura y regímenes fiscales que les permitan afrontar la competencia. Deberá hacerse hincapié en la creación de un entorno empresarial estimulante. Un requisito previo es la eliminación de las subvenciones, las barreras invisibles y otros elementos distorsionadores del mercado y confiar en normas de competencia eficaces. No obstante, la principal prioridad es la creación de un entorno empresarial propicio que mejore la situación de las empresas europeas, en particular mediante la reducción al mínimo de los onerosos trámites burocráticos y, desde el punto de vista legislativo, la evaluación sistemática del impacto de los costes en la empresa. El PPE-DE tiene intención de fomentar la creación de empresas reduciendo los obstáculos jurídicos y facilitando el acceso al capital de riesgo y de establecimiento. En la misma línea, se deberían examinar todos las formas de creación de empresas y fomentar el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros. En las primeras etapas de la educación se debe fomentar el espíritu empresarial, la independencia y el sentido de la responsabilidad. Creación de un mejor entorno para las PYME. Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía europea. Más del 99% de las empresas en la UE son PYME que crean el 66% del empleo y, por ende, contribuyen al crecimiento económico. Es esencial protegerlas y fomentarlas debidamente en la UE, al tiempo que se las libera de cargas inútiles. La aplicación de la Carta de las PYME constituye un requisito previo para alcanzar los objetivos de Lisboa. Esto incluye entre otros factores:
I.4.4 Creación de un mercado de servicios integrado Un proceso de liberalización justo y equilibrado del mercado de servicios a fin de evitar la competencia desleal garantizaría el suministro de bienes y servicios a precios razonables para los ciudadanos y las empresas europeos en el futuro. I.4.5 Un régimen fiscal competitivo e impuestos más bajos El eje principal del modelo económico del PPE-DE es el principio de la reducción de impuestos, ya que todos los partidos de centro y de centro-derecha aspiran a crear riqueza en la economía y a fomentar la iniciativa privada. Unos impuestos elevados suponen una pesada carga para el sector privado y conllevan una mayor intervención del Estado en las cuestiones económicas en detrimento del espíritu empresarial. No sólo son los diferentes regímenes fiscales complejos e inconsistentes, sino que además constituyen claros obstáculos a las actividades transfronterizas y a la libre circulación de bienes, personas y capitales. Por tanto, con el fin de reformar los sistemas fiscales deberán tomarse nuevas medidas y se deberá acelerar la adopción de un IVA definitivo basado en el principio del país de origen. Esto hará que los sistemas fiscales de los Estados miembros de la UE sean neutrales y competitivos. Es nuestro deseo que los sistemas fiscales sean justos, eficaces y competitivos. Nuestro modelo se basa en una definición coordinada de la base imponible de los impuestos más relevantes del mercado único, al tiempo que se deja en manos de los Estados miembros la libre elección de los impuestos. Esto creará una competencia fiscal sana, ya que permite a las compañías elegir su sede social en un entorno más transparente y cambiarla, si procede, sin excesivos trámites burocráticos. Asimismo, estimulará las actividades transfronterizas, asegurando una distribución eficaz del capital y, por ende, la economía en su conjunto. Los impuestos que no sean relevantes para el buen funcionamiento del mercado único deberían competer exclusivamente a los Estados miembros Nuestro Grupo aboga por un régimen fiscal de las empresas que fomente las actividades transfronterizas y por la eliminación de los obstáculos fiscales que comprometan el buen funcionamiento del mercado único, mediante el establecimiento de una base imponible consolidada para aquellas empresas constituidas en virtud del Estatuto de la sociedad europea u ofreciendo esta opción a las empresas que operan en varios Estados miembros. El establecimiento de un sistema de IVA definitivo basado en el principio del "país de origen" pondría fin a las distorsiones del mercado interior. Nuestro Grupo se opone al enfoque de la Comisión, que simplemente pretende "mejorar el sistema de transición" establecido por la sexta Directiva sobre el IVA. I.5 Política europea de transportes competitiva: garantizar conexiones eficaces En la Unión ampliada, la competitividad de la economía europea dependerá en gran medida de la eficacia y rapidez de las conexiones en el sector de los transportes, habida cuenta de que prácticamente la mitad del tráfico de mercancías y de pasajeros circula por las redes transeuropeas de transporte (RTT). Son las verdaderas arterias de la UE. Urge eliminar los embudos que todavía se forman en las redes de transportes, y abordar los crecientes desequilibrios que existen entre los medios de transportes y entre las regiones. Las redes transeuropeas han de ampliarse para mejorar las redes de transportes de los países candidatos y garantizar conexiones eficaces con las redes existentes de los 15 Estados miembros actuales. Del mismo modo, habrá de garantizarse una competencia justa entre los diferentes medios de transporte. El coste de la construcción y del mantenimiento de las RTT correrá a cargo de los usuarios. El establecimiento de un mercado ferroviario comunitario eficaz pasa por la apertura de las redes ferroviarias nacionales y por la eliminación de trabas al acceso de nuevas empresas ferroviarias al mercado. Si se quieren ofrecer condiciones de competencia razonables a los proveedores de servicios de transporte y a los usuarios, las relaciones con terceros países, especialmente en materia de transporte aéreo y marítimo, deberán abordarse en el ámbito comunitario. Es preciso garantizar la aplicación del concepto de mercado interior en el espacio aéreo europeo mediante un sistema de control del tránsito aéreo uniforme. Otro elemento importante de una política de transportes global es la seguridad de los medios de transportes marítimo, ferroviario y aéreo. La legislación en materia de seguridad ha de aplicarse eficazmente y las sanciones han de armonizarse en caso de que no se haya aplicado dicha legislación. Asimismo, deberá evaluarse la actividad de la nueva Agencia Ferroviaria Europea, que tiene por objeto garantizar la seguridad en todo el territorio comunitario. II. DESARROLLO SOSTENIBLE: CIMIENTOS PARA EL FUTURO Deseamos una política global basada en una economía de mercado dinámica y respetuosa con el medio ambiente y lo social. Nuestra perspectiva se sustenta en el concepto de desarrollo sostenible, que ha de influir en todos los ámbitos legislativos, a saber, en las políticas medioambiental, regional, económica, agrícola, de energía o de transportes, así como en la política comercial. Si queremos edificar una Unión competitiva y ecológicamente robusta para las generaciones presentes y futuras, hemos de afianzar el vínculo entre un medio ambiente sano y una economía fuerte. Las oportunidades asociadas a la introducción gradual de un modelo de crecimiento económico a largo plazo, responsable desde el punto de vista medioambiental y social, son inmensas, ya que este proceso estimulará el desarrollo de la investigación, de nuevas industrias y tecnologías y, por ende, generará empleo. Sin embargo, el desarrollo sostenible no puede regirse por un enfoque descendente. El exceso de regulación acabaría con el proceso. Creemos que la clave del éxito radica en los siguientes elementos:
II. 1. Impulsar el patrimonio común europeo De nosotros depende nuestro futuro. El Grupo del PPE-DE apuesta decididamente por la mejora del medio ambiente y por el desarrollo sostenible. La protección del ser humano y de su entorno, de su patrimonio histórico y natural, debería ocupar el lugar central de las políticas comunitarias. El cambio climático y sus posibles repercusiones, la contaminación atmosférica en las ciudades, el deterioro de los espacios urbanos, los efectos secundarios del crecimiento y otras molestias derivadas de la contaminación tienen un gran impacto en los aspectos económicos, sociales y sanitarios de la vida diaria de los ciudadanos. Por ello, tenemos que reaccionar con rapidez y determinación. II.1.1 Impulso de un entorno saludable: hacer realidad el derecho a un medio ambiente sano Los desastres naturales ocurridos recientemente (inundaciones, temporales) han suscitado una gran preocupación por las repercusiones del cambio climático. Asimismo, el hundimiento del Erika en las costas francesas y el posterior naufragio del Prestige, que se produjo en circunstancias similares, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el sistema de responsabilidad medioambiental. Es nuestro deber crear un mecanismo que haga efectivo el derecho a un medio ambiente sano para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos europeos y de las generaciones futuras. La aplicación adecuada y el control minucioso de la estricta legislación medioambiental europea así como una mejor evaluación de las futuras disposiciones en la materia son requisitos previos que allanarán el camino hacia el liderazgo de Europa a nivel mundial en la protección del medio ambiente. El derecho de los ciudadanos a un medio ambiente sano se vería respaldado por un sistema eficaz de responsabilidad ecológica, basado en el principio de "quien contamina paga", que incluiría controles adecuados, sanciones y compensaciones. La lucha contra el cambio climático sigue siendo un objetivo prioritario. Europa ha apostado por una opción de futuro a favor de un mundo más limpio al comprometerse firmemente, de conformidad con el Protocolo de Kyoto, a reducir en un 8% sus emisiones de gas antes de 2010. Nuestro Grupo apoya la elaboración de un programa de trabajo europeo destinado a aplicar con celeridad y concreción el Protocolo de Kyoto. Dicho programa deberá incluir una política global que haga de la UE un líder mundial en este ámbito. La mejora de la calidad medioambiental de las zonas urbanas también exige nuestra atención. El 80% de la población vive en zonas urbanas y sufre molestias continuas (contaminación acústica y atmosférica, tráfico, residuos, alergias y estrés) que afectan a la salud pública. Han de realizarse enormes esfuerzos, especialmente para garantizar la calidad de los combustibles y motores limpios. Asimismo son necesarias inversiones que contribuyan a reducir el consumo de combustible de los vehículos. Las campañas de sensibilización de la opinión pública promoverán el uso de las energías renovables. De conformidad con el principio de subsidiariedad, es igualmente importante fomentar la ordenación racional del territorio a fin de preservar el medio urbano. La biodiversidad de la UE es el patrimonio de nuestros ciudadanos. Los nuevos Estados miembros aumentarán de forma significativa el número de parajes, bosques y pantanos sin explotar. Es nuestra responsabilidad preservar estos lugares y legarlos a las generaciones futuras. El PPE-DE expresa su determinación de emprender una acción común que permita a la ciencia y la tecnología contribuir en el ámbito del desarrollo sostenible y, en particular, fomentar una mejor comprensión de la relación existente entre el medio ambiente y los avances tecnológicos. II.1.2 Impulsar la producción de energía limpia y una política de transportes sostenible La lucha contra el cambio climático es una prioridad absoluta y uno de los mayores retos de la Unión. La Unión Europea es una economía energívora: el consumo aumenta entre un 1 y un 2% cada año y está dominada por los combustibles fósiles. El 94% de las emisiones de CO2 que generan las actividades humanas en Europa corresponde al sector de la energía. Por tanto, este sector no es sostenible a largo plazo: Europa debe reexaminar urgentemente su sistema de suministro de energía. Ha de promoverse la introducción de fuentes de energía nuevas y renovables. Debemos fomentar las oportunidades de inversión en energías renovables y respaldar la financiación de proyectos de sectores clave, como la energía solar, eólica y la biomasa, con el fin de promover la introducción de estas fuentes de energía. Nuestro margen de acción es limitado: si bien es necesario promover la reducción del consumo de energía de nuestra economía y garantizar un aumento de la eficiencia energética, no debemos abandonar el uso de la energía nuclear, respetando estrictamente elevados niveles de seguridad y decisiones adoptadas por los gobiernos nacionales al respecto. Deberán diseñarse nuevos reactores, más eficaces y menos costosos. Para lograrlo, se intensificará la investigación en materia de reactores de fisión y de gestión de combustibles irradiados y de residuos. Al mismo tiempo, hemos de garantizar que los nuevos Estados miembros aplican las mismas normas de seguridad nuclear y que se atienen rigurosamente a sus compromisos de cerrar viejas plantas nucleares. La puesta en marcha de una nueva política de transportes más respetuosa con el medio ambiente requiere una disociación entre el incremento constante del transporte y el crecimiento económico. Debemos cambiar radicalmente nuestros hábitos de transporte y usar más racionalmente los diferentes medios de transporte disponibles con el fin de reducir la presión sobre el medio ambiente y prevenir las congestiones. Consecuentemente, deberá producirse una evolución hacia medios de transporte menos contaminantes, especialmente en las zonas urbanas. Asimismo, deberá recurrirse a medios de transporte de mercancías a larga distancia más ecológicos (ferrocarril, navegación fluvial y transporte de cabotaje). La construcción equilibrada de redes transeuropeas (RTE), que tendrá por objeto invertir la creciente disparidad que existe entre las regiones y fomentar el desarrollo económico de las regiones periféricas, particularmente en los nuevos Estados miembros, deberá combinarse con la puesta en marcha de un sistema de transportes rentable. II. 2. Desarrollo sostenible en una sociedad más integradora El desarrollo sostenible en una sociedad más integrador exige estabilidad macroeconómica, fomento de la inversión y la reducción del elevado e inaceptable nivel de desempleo. Depositamos nuestra confianza en el libre mercado (y no en el Estado) en tanto que generador de crecimiento, oportunidades para todos y progreso social. Tener una auténtica perspectiva social significa principalmente crear empleo. Una economía de mercado basada en los principios de responsabilidad individual, competencia y verdadero compromiso social es el mejor modo de fomentar un mayor crecimiento en una sociedad más integradora. II.2.1 Necesidad de garantizar un mayor crecimiento e inversión: mejora del entorno empresarial Se necesitan medidas adicionales que regeneren el entorno empresarial y que liberalicen el mercado para impulsar el crecimiento económico y la inversión. Han de realizarse periódicamente evaluaciones del impacto de la legislación y de las medidas medioambientales sobre los costes de las empresas. Asimismo deberán eliminarse los tediosos trámites burocráticos y requisitos administrativos, tan dañinos para las PYME. Es primordial fomentar la creación de empresas y facilitar el acceso de las mismas al capital inicial y de riesgo: debemos allanar el camino para la formación de empresas en Europa. El sector privado debería ir asumiendo el suministro de servicios públicos para que las opciones del consumidor sean más variadas. La competencia contribuirá a la reducción de precios y a la mejora de la calidad de los servicios. Los gobiernos establecerán criterios que garanticen un suministro equitativo y universal de los servicios de interés general. II.2.2 Creación de empleo y garantía de apoyo mutuo La creación de empleo es fundamental para la supervivencia de Europa. Sin lugar a dudas, generar puestos de trabajo goza de más aceptación social que destruirlos. El nivel de desempleo en la mayor parte de Europa es alto e inaceptable, difícil de soportar para la sociedad y económicamente insostenible. Por ello, uno de los pilares de nuestra política es dar oportunidades a los desempleados, reformar el mercado laboral e invertir en capital humano en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por tanto, abogamos por la eliminación de las trabas administrativas a un mercado de trabajo más flexible y por una sistematización de la formación, de modo que se estimule el dinamismo y se mejore la adecuación de las cualificaciones. Las medidas pasivas de apoyo a los desempleados no son más que una solución a corto plazo. A fin de lograr los objetivos de Lisboa y aumentar la productividad, es importante hacer hincapié en una mayor flexibilidad y seguridad en el trabajo, en el fomento del espíritu empresarial y en la mejora de las oportunidades de inserción laboral e integración de los grupos más desfavorecidos. Aquéllos que no puedan abrirse camino por sí mismos seguirán disfrutando de las prestaciones básicas del sistema de seguridad social, aunque se antoja necesaria la reforma de las actuales disposiciones. El principio de apoyo mutuo debería seguir siendo el fundamento del modelo social europeo. Los ciudadanos tienen derecho a contar con el apoyo y la solidaridad de su país cuando encuentran dificultades, ya sea por enfermedad, desempleo u otros riesgos que puedan desembocar en una reducción de sus recursos y de los de su familia. II.2.3 Integración social Abogamos por la calidad de las oportunidades. El hilo conductor de nuestra política es conseguir que nadie se quede atrás, que nadie se quede rezagado. Si deseamos construir una Unión social más integradora y cohesionada, debemos conseguir que todo el mundo tenga acceso a unas condiciones justas. Para ello, hemos de conceder especial importancia a la lucha contra la exclusión social, que hoy en día afecta cada vez a más gente: personas mayores, jóvenes o minorías. Las expectativas de los jóvenes merecen toda nuestra atención. El programa Juventud deberá incidir en quienes se enfrentan a dificultades de integración social o económica. Conviene fomentar y aprovechar mejor el papel social y educativo del deporte, en tanto que factor de integración y participación en la vida social, como medio para fomentar la tolerancia, la deportividad, el respeto de las normas y las diferencias, y como instrumento de lucha contra la exclusión, la xenofobia y el racismo. El Tratado debería reconocer explícitamente el carácter específico del deporte en relación con su función social. Se debería hacer más hincapié en la función educativa del deporte, asociándolo a programas educativos de carácter formal (programas escolares) o a actividades informales (fomento del voluntariado y papel de las asociaciones y federaciones deportivas), medidas que el Grupo del PPE-DE respalda y apoya plenamente. Asimismo, las medidas para combatir el dopaje en el deporte constituyen otra prioridad. Otra de nuestras prioridades es la calidad de vida de las personas mayores, que representan un porcentaje creciente de la población. Una cantidad desmesurada de ancianos sufre aislamiento y pobreza. Por ello, las políticas comunitarias han de incluir las necesidades y expectativas particulares de este grupo. Se progresará hacia el fomento de la igualdad de oportunidades para las mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación en las políticas comunitarias. Urge adoptar medidas concretas, como la mejora de la disponibilidad de servicios de guardería, aumentando el apoyo a las madres y reduciendo sus contribuciones a la seguridad social, a fin de equilibrar la vida profesional con la vida familiar. A raíz de las decisiones adoptadas en el Consejo Europeo de Barcelona, estas medidas contribuirán a luchar contra la pobreza y la exclusión social. La erradicación de la pobreza, el fomento del desarrollo social y las mejoras sanitarias constituyen algunos de los principales retos en relación con la dimensión global del desarrollo sostenible. II. 3. Afrontar los retos del envejecimiento de la población El aumento de la esperanza de vida, es decir, el número creciente de ciudadanos jubilados en comparación con la población activa, ejerce una gran presión financiera sobre los sistemas públicos de pensiones. La ratio de dependencia de las personas mayores aumentará más del doble pasando del 24% en 2000 al 49% en 2050 en la UE, en otras palabras, la UE pasará de tener 4 personas en edad de trabajar a tener 2 por cada persona mayor. Por tanto, urge emprender reformas drásticas; de lo contrario, los regímenes públicos de protección social serán inviables a largo plazo. Las consecuencias del cambio demográfico tendrán que abordarse mediante una serie de medidas no excluyentes, sino complementarias, que deberán adoptar los Estados miembros de la UE para restituir, al menos parcialmente, el equilibrio financiero. II.3.1 Debería aumentarse la edad de jubilación.1. Como las personas viven más tiempo, deberían trabajar y, por tanto, cotizar a los sistemas nacionales de pensiones durante un periodo mayor, lo cual sería condición sine qua non para percibir la totalidad de la pensión. II.3.2 Convendría incrementar la participación de las personas mayores de 55 años en el mercado de trabajo. En la mayoría de los países europeos, la participación de este grupo de edad en el mercado laboral es relativamente baja, debido en particular a condiciones de jubilación anticipada muy ventajosas. Habría que reducir lo máximo posible los casos de jubilación anticipada, por ejemplo mediante incentivos fiscales, y aumentar la edad de jubilación. II.3.3 Ha de darse un gran impulso a los sistemas de capitalización. La solución sostenible a la financiación de las pensiones requiere un equilibrio adecuado entre los sistemas de pensiones públicos, complementarios y privados. Los sistemas de reparto deberían reducirse gradualmente; al mismo tiempo, se garantizaría el principio de solidaridad nacional mediante un sistema público de pensiones adecuado. II.3.4 Debe contemplarse la necesidad de impulsar el aumento de la tasa de natalidad. La inmigración no soluciona a largo plazo las consecuencias del cambio demográfico. Por el contrario, conviene ofrecer un entorno adecuado, especialmente a las mujeres que desean incorporarse al mercado de trabajo, con el fin de fomentar la tasa de natalidad. II.4. Impulso del dinamismo regional: trabajar juntos por una Unión más próspera Las políticas de cohesión económica y social de la UE desempeñan un papel destacado en el desarrollo de las regiones y en la reducción de las disparidades existentes entre ellas, y tienen por objeto estimular la actividad y contribuir a la prosperidad de las mismas. Por ello, constituyen una pieza imprescindible del proceso encaminado a lograr una Unión Europea estable, integradora y cohesionada. II.4.1 Adaptar las políticas de cohesión económica y social a un nuevo marco geográfico "Proporcionar cohesión" en la Unión ampliada representa un reto todavía mayor para las políticas estructurales. En la próxima legislatura, la Unión tendrá que reconciliar dos exigencias fundamentales: la solidaridad con los nuevos Estados miembros y el apoyo al desarrollo estructural de las regiones actualmente menos favorecidas. La futura política de cohesión deberá tener en cuenta las condiciones sociolaborales de las regiones de la Unión Europea y deberá inspirar al resto de las políticas comunitarias de la Unión Europea. Conviene reexaminar las políticas estructurales para reducir, en proporción, los medios financieros destinados a satisfacer las necesidades cada vez mayores de infraestructura y desarrollo social. Puesto que las diferencias entre el grado de desarrollo de las regiones han aumentado con la ampliación, nuestros objetivos de cohesión necesitan un mayor nivel de eficacia y solidaridad. La redefinición del cuadro financiero de la política de cohesión comunitaria exige una mayor coordinación de las políticas que les permita adaptarse al nuevo marco geopolítico europeo, y un uso óptimo de los recursos regionales. Han de establecerse condiciones marco para el desarrollo de infraestructuras y para la puesta en marcha de proyectos sostenibles, cuya aplicación deberá controlarse minuciosamente. Urge eliminar los factores que provocan retrasos, y no sólo corregir sus efectos. Asimismo, la transparencia será un requisito ineludible en la asignación de fondos. II.4.2 Desarrollo sostenible y turismo de calidad El turismo representa un 5 % de los puestos de trabajo de la UE y ejerce una considerable influencia en los niveles de empleo regionales. El impulso del potencial del turismo comunitario y la promoción de las riquezas históricas, culturales y gastronómicas de las regiones europeas reclama a la UE una mayor coordinación de esfuerzos para lograr, mediante la selección de las mejores prácticas, un turismo dinámico y de calidad. II.4.3 Promoción de la cultura europea La riqueza de Europa radica en su especificidad y diversidad culturales. La conservación de este patrimonio común es primordial, y el espacio cultural europeo reclama una presencia fuerte. La cultura regional y las lenguas europeas, así como el carácter distintivo de los ámbitos mediático y cinematográfico, deberán recibir un gran impulso. Los organismos de radiodifusión con financiación pública, cuyo papel de difusores de la diversidad cultural se reconoce en el Protocolo de Amsterdam, debería mostrar un compromiso práctico en este sentido. Si deseamos entender el patrimonio histórico y cultural de Europa, debemos prestar especial atención a los países de Europa Central y Oriental, que, hasta la restauración de la democracia pluralista, habían sido pasados por alto. Con este fin deberá rediseñarse el programa marco Cultura 2000, de modo que se incremente su capacidad de acción y de adaptación a las expectativas de los ciudadanos. Se debería fomentar la competitividad del sector cultural y los proyectos financiados mediante los Fondos Estructurales deberían tener en consideración los aspectos culturales. La votación por mayoría cualificada deberá hacerse extensiva a la política cultural, con arreglo al artículo 151 del TUE. Asimismo, deberá corregirse la anomalía que supone la combinación del proceso de codecisión con la votación por unanimidad. II.5. Desarrollo de una agricultura viable y sostenible El desarrollo de una agricultura sostenible en Europa es nuestra única herramienta para asegurar que las generaciones venideras también puedan disfrutar de las ventajas que ofrecen los excepcionales recursos naturales europeos. Al mismo tiempo, la sostenibilidad refleja las inquietudes de los consumidores, especialmente en materia de seguridad y calidad de los métodos de producción. La Agenda 2000 dará paso en 2006, fecha en la que expira su plazo de aplicación, a la formulación de líneas políticas destinadas a elaborar un marco global y duradero que respalde una agricultura viable y sostenible. Tres retos nos esperan: el desafío económico, que estriba en el refuerzo de la competitividad del sector agrícola; el reto social, esto es, la mejora de las condiciones de vida y de las oportunidades económicas en las zonas rurales; por último, el desafío ecológico, que debemos afrontar mediante el fomento de prácticas ecológicas adecuadas y la prestación de servicios vinculados con la conservación de la biodiversidad y el paisaje. El Grupo del PPE-DE ha de garantizar que la próxima reforma de la PAC aborde estos tres aspectos. II.5.1 Desarrollo de una agricultura respetuosa con el medio ambiente Aspiramos a reforzar la compatibilidad de la producción agropecuaria con el medio ambiente. Por agricultura ecológica no se entiende una actividad arcaica que utiliza "métodos desfasados". Por el contrario, es crucial reforzar las industrias y tecnologías biológicas así como las industrias y tecnologías innovadoras. La investigación en el ámbito de los productos ecológicos puede contribuir a encontrar soluciones sostenibles para un uso sensato de los recursos naturales y para el desarrollo de productos menos contaminantes. Debe animarse a los agricultores a que abanderen la protección del campo. Más allá de los esfuerzos de extensificación, tenemos que exhortar a los agricultores a que conserven activamente el paisaje rural y la biodiversidad y a que utilicen productos ecológicos. Es fundamental fomentar el bienestar de los animales, no sólo por razones éticas, sino también como garantía de calidad, que ahora se exige más que antes y que nos hace más competitivos. Conviene animar a los agricultores a que inviertan en una producción zootécnica saludable, ya que es la mejor manera de conseguir que las producciones animales sean sostenibles a largo plazo. Es necesario apoyar la introducción de medidas para evitar que la nueva normativa en materia de condicionalidad ecológica desemboque en una menor competitividad frente a terceros países. Y en el contexto internacional, la Unión Europea debería insistir en la ampliación del compartimento verde (green box) de la OMC a los productos no comerciales. II.5.2 Hacia una nueva política de desarrollo rural global Para garantizar la viabilidad y la cohesión de las zonas rurales, debemos reforzar el segundo pilar de la PAC y establecer una nueva política de desarrollo rural global. La finalidad de esta política es estimular la multifuncionalidad, la empresa familiar y la industria rural, para promover así el empleo y evitar la despoblación de las zonas rurales. Dado que el 50% de la población agrícola supera los 50 años, debemos fomentar la participación de los jóvenes en el sector agrícola y la oferta en formación. Además es preciso impulsar el uso óptimo del potencial humano de las regiones rurales, especialmente el de las mujeres, que desempeñan un importante papel tanto en el plano agrícola como en el del desarrollo de las zonas rurales. En la actualidad, el 10% del presupuesto agrícola se destina a medidas de desarrollo rural. Este porcentaje es insuficiente para lograr nuestras metas. El coste de la transferencia propuesta al segundo pilar de la PAC no sólo será asumido por el propio pilar, sino también por las medidas de política estructural. Deberá brindarse apoyo socioeconómico a los agricultores que viven por debajo del nivel de subsistencia e instaurar un régimen de seguro especial que proteja a los agricultores que se enfrentan a epizootias. Sin bien estas medidas estructurales deberían aplicarse de modo descentralizado en la medida de lo posible, el Parlamento ha de poder recurrir al procedimiento de codecisión en los aspectos más relevantes. Con carácter más general, es necesario apoyar la introducción de medidas para evitar que la nueva normativa en materia de condicionalidad ecológica desemboque en una menor competitividad frente a terceros países. II.6. Elaboración de una política pesquera sostenible tanto medioambiental como socialmente El sector pesquero se enfrenta a complicaciones medioambientales (que reflejan nuestra dependencia de los recursos naturales) y a difíciles problemas sociales y de cohesión agravados por el aumento del desempleo. Hoy en día, alrededor de 550.000 puestos directos de trabajo dependen de la pesca. Muchas de las zonas afectadas son regiones periféricas y del objetivo 1, en las que el sector pesquero tiene una importancia estratégica para la economía regional. Así pues, si consideramos los efectos perjudiciales que en ocasiones conllevó en el pasado la política pesquera desde el punto de vista medioambiental y social, la reforma actual se antoja inevitable y debemos apoyarla encarecidamente. La reforma deberá asegurar la existencia sostenible y viable del sector pesquero comunitario. Hemos de impulsar una política más flexible capaz de abarcar las necesidades actuales del sector y, al mismo tiempo, concebir una administración racional de los recursos, mermados por las capturas, y encontrar una solución al problema de las capturas accesorias. Para gestionar mejor los recursos pesqueros actuales será necesario fomentar la investigación y disponer de información fiable sobre los mismos. Se revela necesaria una flota moderna adaptada a los recursos disponibles. Queremos también que los profesionales de este sector reciban unos ingresos que garanticen, en la medida de lo posible, unas condiciones de vida comparables a las de otros sectores de producción similares. La Política Pesquera Común (PPC) debe formar parte de la política exterior de la Unión para combinar las cuestiones comerciales con aspectos relativos a las relaciones exteriores. Debemos hallar un equilibrio entre el acceso a los recursos y el acceso a los mercados (derecho a invertir en terceros países, libre acceso a los puertos, lucha contra la pesca ilegal) y rubricar acuerdos pesqueros con terceros países con el fin de mantener las posibilidades de pesca para nuestra flota fuera de las aguas comunitarias. Por último, deberán tomarse medidas para afianzar la acuicultura. 1 El punto II.3.1, en el que se indica que la edad de jubilación ha de aumentarse, no puede ser aceptado por Nea Democratia. La edad de jubilación en Grecia son los 65 años de vida del trabajador, criterio que el partido ND no está dispuesto a modificar. III. CIUDADANOS EUROPEOS: NECESIDAD CRECIENTE DE SEGURIDAD La seguridad es uno de los temas que más inquieta a los europeos. Esta necesidad cada vez más acuciante se percibe en diversos ámbitos, desde la seguridad en las calles, el control de las fronteras exteriores o la lucha contra el terrorismo a la salud, la alimentación o la economía, amenazada por la alta tasa de desempleo y por el riesgo de quiebra. En respuesta a las diversas preocupaciones de los ciudadanos, el Grupo del PPE-DE propone una serie de iniciativas encaminadas a garantizar la seguridad en nuestras sociedades, sin olvidar la protección civil y jurídica de las personas. III.1. Necesidad de garantizar la seguridad y la estabilidad internas de la sociedad La inmigración ilegal, el terrorismo, y estrechamente relacionado con éste, la delincuencia organizada están poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad de nuestras sociedades de un modo inaceptable. Es nuestro deber combatir con firmeza estos fenómenos a todos los niveles si aspiramos a ofrecer una sociedad más segura para todos los ciudadanos europeos. En el ámbito de la seguridad, la Unión Europea aporta un claro valor añadido en comparación con la actuación aislada de los Estados miembros. III.1.1 Refuerzo de la cooperación policial y judicial europea para una Unión más segura Creación de un marco institucional más eficaz Las disposiciones jurídicas e institucionales que engloban los ámbitos de libertad, seguridad y justicia necesitan una sustancial simplificación. Una Unión más segura requiere principalmente una vigorosa cooperación judicial y policial, que se logrará mediante el establecimiento de un marco institucional único, coherente e integrado en la estructura del edificio comunitario, que abarque todos los ámbitos relacionados con la justicia y los asuntos de interior. La existencia de una única estructura dotaría a los Tratados de coherencia legislativa, aportaría la digna salvaguardia de las libertades de los ciudadanos y eliminaría rémoras innecesarias, puesto que los diferentes ámbitos serían independientes. De este modo, los ciudadanos comprenderían mejor la legislación pertinente. La integración de Europol en el marco institucional de la Unión garantizaría un control adecuado por parte del Parlamento Europeo y un correcto control jurisdiccional por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Al mismo tiempo, Eurojust (un sistema de cooperación entre las fiscalías de los diversos Estados miembros) debería contar con personalidad jurídica propia. Sus funciones, una vez establecidas, deberían desarrollarse y ampliarse, para que esta unidad constituya una auténtica red de comunicación y de alerta rápida. Lucha contra la delincuencia Es preciso armonizar la definición de los delitos graves, transfronterizos o que amenazan los intereses comunitarios, especialmente del tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la delincuencia informática y el blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, de modo que se puedan establecer unas normas mínimas comunitarias. Al mismo tiempo, debería establecerse gradualmente un marco de cooperación estable y bien delimitado entre las agencias que participan en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo a escala europea. La cooperación entre la policía y los servicios de información en territorio comunitario deberá ir en permanente aumento con el fin de combatir más eficazmente la trata de seres humanos perpetrada por redes criminales transfronterizas. No podemos tolerar que cada año 700.000 mujeres y niños sean víctimas del tráfico y la trata con fines de explotación laboral y sexual. El Grupo del PPE-DE apoya firmemente el aumento de las penas mínimas para traficantes y una mayor protección de las víctimas y de los testigos de procedimientos judiciales. III.1.2 Abordar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE Si bien es nuestro deseo conceder asilo a las personas amenazadas por motivos políticos, el abuso de este derecho y la entrada en la Unión de inmigrantes ilegales que simplemente buscan una vida mejor (más de 500.000 llegan cada año a la UE) es intolerable. Gestión común para aumentar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE Una sociedad más segura implica un mayor control en las fronteras. Entre nuestros objetivos está asegurar que el aumento en extensión de las fronteras exteriores tras la ampliación no conllevará una reducción de la seguridad, sino un considerable incremento. De suma importancia para una lucha efectiva contra la inmigración ilegal, la delincuencia y la trata de seres humanos es la gestión común, coherente y eficaz de las fronteras exteriores de los Estados miembros, así como el apoyo a iniciativas en curso tendentes a crear un Cuerpo europeo de guardias de frontera. Debemos coordinar todos los esfuerzos para lograr una cooperación reforzada y operativa en todas las fronteras, que se materializará en el trabajo de equipos plurinacionales (a los que se encomendarían los controles en los pasos fronterizos). Asimismo es preciso establecer un sistema eficaz de alerta rápida. Al mismo tiempo, el Grupo del PPE-DE considera que la creación de un Cuerpo de guardia costera debería ser una cuestión prioritaria en la Unión Europea al objeto de intensificar la lucha contra la delincuencia marítima y garantizar la seguridad de las costas europeas frente a las amenazas medioambientales (vertidos de petróleo y desgasificaciones no autorizadas) y terroristas. Estos peligros, que no conocen límites, requieren de forma obligatoria el establecimiento de una cooperación a escala de la Unión. Una política común de asilo con procedimientos transparentes Es necesario establecer normas precisas sobre la política de asilo e inmigración que enmarquen la gestión de los flujos migratorios, con el fin de salvaguardar la seguridad interna de la Unión Europea. La combinación de una frontera exterior común con 25 ó más normativas diferentes relativas la entrada de nacionales de terceros países en la Unión carece de consistencia. Los traficantes de seres humanos y los inmigrantes ilegales son quienes más se aprovechan de esta situación: recurren continuamente a las divergencias e inconsistencias entre las legislaciones nacionales para entrar en la Unión con más facilidad. La UE ha de ofrecer una respuesta específica pero consensuada a cada una de las tres categorías de inmigrantes (refugiados temporales, solicitantes de asilo e inmigrantes económicos). La política común de asilo deberá incluir un procedimiento de asilo acelerado basado en la definición de "refugiado" de la Convención de Ginebra. En primer lugar, es preciso aclarar el concepto del derecho de asilo, de modo que se garantice la seguridad, tanto personal como jurídica, de los solicitantes de asilo y se permita a los Estados miembros ejercer con fundamento la opción de denegar solicitudes, en el caso de que quienes la cursan no tengan derecho a obtener el estatuto de refugiado. En segundo lugar, un proceso de asilo armonizado y limitado a 6 meses evitará el continuo aplazamiento de las sentencias definitivas provocado por la gran cantidad de recursos que se interponen. El Grupo del PPE-DE se opone rotundamente a un procedimiento escalonado. Hay que destacar que la posibilidad de realizar procesos rápidos daría a la larga un mayor margen de maniobra para una definición de asilo más amplia. Es necesario concluir acuerdos de readmisión entre la UE y terceros países que complementen las medidas arriba mencionadas para agilizar los trámites de repatriación de los solicitantes de asilo rechazados. Asimismo, deberían incluirse cláusulas de readmisión en los acuerdos comerciales y de asociación. Política de inmigración: lucha contra la inmigración ilegal desde la raíz Mediante una política de visados coherente se controlará de un modo más eficaz la entrada de nacionales de terceros países. Es preciso establecer normas comunes y claras sobre las condiciones de entrada y sobre la expedición de visados de larga duración para evitar la constante reinterpretación de la legislación, que provoca una situación de incertidumbre, perjudicial tanto para la UE como para los inmigrantes. Asimismo, los controles han de reforzarse. Debemos atajar el flujo de inmigrantes ilegales desde la raíz. Los traficantes de seres humanos explotan hasta la saciedad la pobreza, la falta de perspectivas económicas interesantes en muchos países menos desarrollados y la insuficiente información sobre las posibilidades reales de la inmigración legal. Por ello, resulta crucial incrementar la cooperación con los países de origen y de tránsito, especialmente con vistas a poner en marcha una política de prevención a largo plazo sustentada por proyectos de desarrollo económico y campañas de información sobre las posibilidades reales de establecerse en Europa. III.1.3 Postura firme en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia El terrorismo pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y provoca daños a las víctimas y un inmenso sufrimiento a sus familias. Desde el 11 de septiembre, Europa ha hecho gala de un compromiso de gran envergadura para combatir el terrorismo en todas sus dimensiones. Sin embargo, sólo a largo plazo podremos tener éxito en nuestro empeño. Las medidas existentes han de aplicarse con prontitud, en particular, la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros. El acervo comunitario debería incluir una definición común del terrorismo. En la misma línea, sería conveniente dotar al Tratado de fundamento jurídico para que la Unión pudiese embargar preventivamente activos y bloquear las cuentas de ciudadanos de la UE implicados en actos de terrorismo. Para conferir credibilidad a la estrategia de lucha contra el terrorismo, ha de crearse una estructura institucional coherente que permita la eficaz y pronta actuación de la Unión en el ámbito europeo y la intensificación de la cooperación, especialmente en materia de intercambio de informaciones, a escala internacional. Al mismo tiempo, deberán contemplarse medidas comunitarias pertinentes de compensación para las víctimas de actos terroristas. La estrategia comunitaria de lucha contra el terrorismo deberá someterse a control democrático, tanto ex-ante como ex-post. III.2. Protección civil: más seguridad para los ciudadanos en la vida diaria Con frecuencia, los ciudadanos europeos se sienten inseguros en su vida diaria. Perciben que los alimentos no ofrecen las garantías adecuadas, y el medio ambiente de las grandes urbes repercute negativamente en su salud y favorece el desarrollo de nuevas enfermedades. Desean más seguridad civil, es decir, alimentos más seguros y un mayor grado de protección sanitaria. III.2.1 Garantizar alimentos seguros y sanos "de la granja a la mesa" Los últimos escándalos alimentarios han puesto de manifiesto hasta qué punto la alimentación es el fundamento de la cultura y civilización europeas. Nos atañe cada día. Por ello, el Grupo del PPE-DE concibe entre sus principales objetivos el consumo de alimentos de calidad y la seguridad de los productos. La creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en diciembre de 2001 fue un primer paso importante y bien encaminado. Sin embargo, queda mucho trabajo por delante para poder ofrecer a los europeos unos alimentos más seguros y sanos. Es primordial tratar de garantizar, en la medida de lo de lo posible, la seguridad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Para lograrlo, deberán reforzarse las normas y los controles de seguridad a todos los niveles, desde la explotación hasta el transporte y el almacenaje, garantizando así una trazabilidad exacta y precisa a lo largo de la cadena alimentaria. Es asimismo fundamental cumplir normas más estrictas en materia de medio ambiente y bienestar de los animales, para que los ciudadanos perciban que los alimentos europeos son los mejores y más sanos. Los consumidores necesitan comprobar que la ampliación no ha supuesto un relajamiento de las normas de control alimentario. No nos detendremos en el mero respeto de las medidas sanitarias y de la legislación veterinaria a lo largo y ancho de la Unión ampliada, sino que también insistiremos en que los controles sean estrictos y sistemáticos y el etiquetado, preciso. Lucha contra las epizootias y prevención sistemática. Nuestro Grupo abandera la lucha contra las epizootias y ha trabajado activamente en la Comisión temporal sobre la fiebre aftosa del Parlamento. Queremos dar un paso más para erradicar las epizootias definitivamente. Además de aplicar estrictos controles dentro de la Unión y de desarrollar un sistema de alerta rápida, será preciso ampliar el control de las importaciones en las fronteras y exigir que los productos importados respeten normas sanitarias, de seguridad alimentaria y de bienestar animal similares a las comunitarias. Dicho lo que antecede, la herramienta más eficaz para erradicar las epizootias y evitar la aparición de nuevas enfermedades en el futuro es el establecimiento de una política de prevención eficaz y sistemática, basada en las buenas prácticas agrícolas de la producción zootécnica destinada al consumo humano (uso seguro de productos fitosanitarios, abonos y antibióticos), en la mejora de la bioseguridad y en un trato adecuado a los animales. Fomento de la producción de alimentos de calidad y etiquetado. La promoción de la producción de calidad, es decir, de alimentos más sanos y sabrosos, de mayor valor nutritivo y producidos con métodos más respetuosos con el medio ambiente es un paso más en la mejora de la alimentación europea. De la calidad depende que los productos alimenticios sean excepcionales. Las medidas destinadas a incentivar una producción de calidad deberían figurar entre los principales objetivos de la reforma de la PAC, a lo que debería añadirse un etiquetado adecuado, como ya ocurre con la producción ecológica. La calidad tiene un precio; por eso ha de reconocerse fácilmente. III.2.2 Afrontar nuevos retos para la salud pública: mejorar constantemente la protección de la salud Hoy en día, los ciudadanos de la UE viven más tiempo y su estilo de vida es mucho más saludable que en el pasado. No obstante, uno de cada cinco todavía muere prematuramente, a menudo debido a enfermedades que se pueden prevenir, y subsisten inquietantes desigualdades en materia de salud entre las distintas clases sociales. Además, están surgiendo nuevos peligros para la salud, especialmente las enfermedades transmisibles. A su vez, el aumento de la esperanza de vida conlleva sus propios problemas, como lo demuestra el drástico incremento de las enfermedades relacionadas con la edad. Así, constantemente emergen nuevos desafíos para la salud pública, que deben afrontarse con vistas a garantizar el mayor nivel posible de salud en Europa, sin olvidar las presiones contradictorias que sufren los sistemas de asistencia sanitaria. Ejecución del nuevo Programa de salud pública en la UE. El nuevo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud pública (2003-2008) sustituye a las fragmentarias iniciativas europeas en materia sanitaria (lucha contra el cáncer, fomento de la salud, prevención del sida, prevención de la drogodependencia, supervisión sanitaria, prevención de accidentes, enfermedades relacionadas con la contaminación) e implanta un enfoque más integrado encaminado principalmente a la prevención de enfermedades. El PPE-DE considera que el programa debería contribuir al desarrollo de una estrategia en materia de salud en la UE y fomentar la protección de la salud pública mediante tres cauces de acción: mejorar la información y el conocimiento de los datos sobre salud pública, aumentar la capacidad para responder con celeridad a las amenazas a la salud y abordar los distintos factores determinantes de la salud. Fomentar una supervisión eficaz y desarrollar una capacidad de respuesta coordinada a escala europea para hacer frente a las amenazas y brotes de enfermedades. Las enfermedades y epidemias, así como las posibles nuevas amenazas sanitarias (bioterrorismo), plantean nuevos retos para la salud pública que no conocen fronteras. La mayor movilidad de la población aumenta el dinamismo sin precedentes de las enfermedades transmisibles. Estas enfermedades constituyen un claro ejemplo de la necesidad de mejorar la función de la UE en materia de salud pública. El Grupo del PPE-DE reconoce la contribución de la red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles y destaca la necesidad de reforzar la capacidad de la UE en el marco de la vigilancia de las enfermedades transmisibles y de desarrollar su capacidad de reacción ante amenazas inesperadas. La creación de un Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades mejorará la interacción entre las estructuras nacionales de procesamiento de datos y los laboratorios nacionales de referencia para las enfermedades, incrementará el control que se ejerce sobre las enfermedades infecciosas y permitirá responder de forma más eficaz y coordinada a las amenazas sanitarias. Cabe subrayar que, en principio, la política en materia de salud es competencia de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad; no obstante, hay que reconocer que el control de las enfermedades infecciosas sólo puede llevarse a cabo a escala transnacional. Garantizar la movilidad y el bienestar de una población envejecida. El Grupo del PPE-DE ha promovido intensamente la investigación de las patologías asociadas a la edad, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la artritis y el reumatismo en el Sexto Programa Marco de Investigación. Estas enfermedades afectan cada vez a más personas y representan impedimentos permanentes para los afectados. Por ello, esta cuestión ocupa un lugar central en nuestro programa. Deseamos que nuestros mayores disfruten de un periodo de bienestar en su jubilación y no sufran dolor o aislamiento. Mejorar la calidad de vida de quienes padecen enfermedades mentales: los trastornos neuropsiquiátricos constituyen una de las principales cargas patológicas en la UE. El PPE-DE apoya encarecidamente los esfuerzos emprendidos con el VI Programa marco de I+D y las acciones de concienciación para luchar contra los estigmas y la exclusión sociales, así como las campañas informativas sobre los tratamientos más eficaces. La investigación de enfermedades poco comunes y de medicamentos que las curen es escasa, principalmente debido al elevado coste de la misma en comparación con el número previsto de pacientes. Hemos de brindar más apoyo a la investigación en este ámbito, porque es inaceptable que hoy en día, en Europa, la salud de los ciudadanos dependa meramente del cálculo de beneficios económicos. Es preciso elaborar medicamentos en función de la edad de los pacientes, que estén adaptados a las necesidades médicas específicas de cada grupo de edad. Han de impulsarse en particular los medicamentos relevantes para niños pequeños y para personas mayores. Están proliferando las enfermedades relacionadas con la contaminación, especialmente en las zonas urbanas. Debemos combatir y prevenir estas enfermedades, como el asma. Es primordial abordar los propios factores determinantes de la salud mediante el fomento de la prevención. La proporción de muertes prematuras provocadas por dietas poco sanas o desequilibradas podría reducirse sensibilizando a la población y permitiéndole ejercer un mayor control sobre los factores determinantes de su salud a través de una amplia campaña de información pública. Igualmente, la prevención de las enfermedades, incluidas las campañas de vacunación, y el examen de poblaciones específicas contribuyen a mejorar la salud pública. III.3. Refuerzo del concepto de ciudadanía europea La protección de los derechos de los ciudadanos es la piedra angular de nuestro sistema democrático, basado en el Estado de derecho. La Carta de los derechos fundamentales incorporada al Tratado constitucional y el ordenamiento jurídico europeo brindan al ciudadano un amparo adicional, por ejemplo, frente a su propio Estado miembro. Deseamos que los ciudadanos sean conscientes de la esencia de sus derechos y puedan ejercerlos. Del mismo modo, los europeos deben sentirse seguros en tanto que consumidores para beneficiarse íntegramente de las ventajas que ofrece el mercado único. Por tanto, es nuestra misión convertir Europa en una parte natural y tangible de la vida cotidiana de los europeos, desde cualquier perspectiva: la de ciudadanos, trabajadores, consumidores, estudiantes, jubilados o niños. III.3.1 Mejora de la protección jurídica del ciudadano europeo Es preciso reforzar y dar forma al concepto de ciudadanía europea. Debemos aplicar eficazmente todos los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía europea y protegerlos con el debido esmero, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales, incorporada al Tratado constitucional. Los ciudadanos deben percatarse de que están inmersos en un amplio sistema de protección, incluso contra su propio gobierno. La existencia de un ordenamiento jurídico operativo, que garantice un adecuado acceso a la justicia, constituye un requisito previo indispensable para lograr aumentar el nivel de seguridad jurídica. Sin duda, la convivencia de 15 ordenamientos jurídicos diferentes y sus consiguientes obstáculos de procedimiento ponen trabas a la libre circulación de bienes y servicios en el mercado único. En Derecho contractual, por ejemplo, las empresas y los consumidores han de familiarizarse y adaptarse a 15 normativas diferentes. Por eso, debemos construir un ordenamiento jurídico único comprensible para todos, en el que sea fácil determinar qué disposición ha de aplicarse, pues si bien ya existe un fundamento jurídico común, las disposiciones no son necesariamente consistentes. En cuanto a la cooperación judicial en materia civil y comercial, es esencial que la complejidad de los sistemas jurídicos y administrativos nacionales no impida a los Estados miembros ejercitar sus derechos. Para actuar con eficacia y respetar el principio de subsidiariedad, se debería aplicar el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, teniendo en cuenta el principio de equivalencia de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Ha de facilitarse el acceso a la justicia, especialmente en casos de litigios transfronterizos. Deberá hacerse especial hincapié en la elaboración de sistemas alternativos de solución de litigios, como el arbitraje o la mediación, por ejemplo, mediante las Cámaras de Comercio, ya que los mecanismos oficiosos a menudo propician soluciones más rápidas y rentables. Así, junto a la ya existente red extrajudicial europea (red EJE), deseamos fomentar la creación de mecanismos alternativos de resolución de litigios con competencia en todo el territorio comunitario, especialmente a través de Internet. III.3.2 Afianzar los derechos del consumidor europeo El mercado interior está concebido para beneficiar por igual a las empresas y a los ciudadanos europeos en tanto que consumidores. Si logramos que éstos últimos disfruten de una mayor variedad de productos y de una protección más eficaz de sus intereses económicos y jurídicos, habremos hecho tangible el mercado único para 470 millones de europeos. La codificación de las disposiciones pertinentes y su inclusión en un acuerdo global que contenga los principios fundamentales de la protección del consumidor es indispensable para garantizar un mayor nivel de protección a escala europea. La codificación de las normas y prácticas en materia de protección del consumidor a escala europea y la aplicación efectiva de las mismas generará un entorno coherente y común que garantizará la salvaguardia de los derechos de los consumidores en toda la Unión ampliada. De este modo, los consumidores europeos comprarán con la misma confianza allende fronteras que en la tienda de la esquina. Reviste vital importancia que los consumidores elijan con criterio propio y conocimiento de causa. Para ello, es imprescindible el acceso a la información pertinente. Debemos atajar el desequilibrio estructural que existe entre particulares y empresas respecto al acceso a la información y al asesoramiento jurídico. III.3.3 Clarificación de los derechos de los ciudadanos frente a las instituciones comunitarias El ciudadano europeo tiene derecho a una buena administración. A pesar de ello, en los últimos años han aflorado diversos procedimientos administrativos carentes de toda transparencia. Los ciudadanos, que están llamados a participar cada vez más en la elaboración de actos comunitarios, deberían conocer sus derechos y obligaciones, así como la función que desempeñan en el procedimiento. El Derecho procesal ha de ser codificado y explicado, puesto que la protección jurídica también requiere la delimitación de los derechos de los ciudadanos frente a las instituciones europeas y a sus funcionarios. Sería conveniente comenzar a elaborar la legislación relativa al Derecho procesal administrativo con vistas a codificar los procedimientos que se han de seguir en la adopción de diversos actos comunitarios, y destacar las consultas pertinentes al respecto. Un procedimiento administrativo codificado, común para todas las instituciones de la UE, servirá de complemento al Código de buena conducta administrativa, recomendado por el Defensor del Pueblo, que presta especial atención a las relaciones entre la opinión pública y los ciudadanos, por una parte, y la administración comunitaria, por otra, y que debe ser vinculante para todas las instituciones de la UE y sus administraciones y puesto a disposición del público. Urge también armonizar los procedimientos establecidos para dar curso a las peticiones y a las quejas de los ciudadanos. Éstos no pueden ejercer adecuadamente su derecho a presentar quejas y peticiones por la complejidad de los procedimientos, que varían de una institución a otra. La armonización debería tomar forma de acuerdo interinstitucional. Nuestro Grupo pretende facilitar la inclusión de las actividades del Defensor del Pueblo y de las quejas y peticiones de los ciudadanos en el orden del día de las sesiones plenarias del Parlamento Europeo en caso de serias violaciones del Derecho comunitario. IV. EUROPA EN EL MUNDO: NUEVOS RETOS EN MATERIA DE SEGURIDAD IV.1. Europa ha de asumir sus responsabilidades internacionales El principal fin de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) es el mantenimiento de la paz y la seguridad, que debe ir acompañado de la salvaguardia de los valores comunes, el progreso de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. En este contexto, nuestras prioridades respecto a la PESC serán la intensificación de las asociaciones estratégicas de la UE, de la seguridad colectiva y de la necesidad de adaptarse a las nuevas amenazas que se ciernen sobre la seguridad. A fin de estar a la altura de nuestras responsabilidades en el ámbito de la seguridad internacional y a fin de granjearnos una posición prominente en la escena internacional, la política exterior europea deberá dotarse de instituciones que le permitan pronunciarse con una única voz y cumplir, de este modo, las condiciones institucionales necesarias para el establecimiento de una verdadera política exterior europea. Para ello, el Grupo del PPE-DE estima inevitable la delimitación de competencias y la simplificación del proceso de toma de decisiones. En este sentido, el Grupo considera que la integración parcial de la PESC en las estructuras comunitarias ofrece un medio poderoso de aumentar la coherencia y la visibilidad de la política de la Unión. IV.1.1 Intensificación de las asociaciones estratégicas Las prioridades estratégicas del PPE-DE para los próximos años son la creación de un espacio de paz y estabilidad, respetuoso con la democracia y el Estado de derecho, en el continente europeo junto con la intensificación de las asociaciones estratégicas. Al mismo tiempo, Europa deberá seguir prestando gran atención a las crecientes expectativas que suscitan los países mediterráneos. En sus relaciones con terceros países, la UE deberá en todo momento hacer hincapié en los principios democráticos y el respeto de los derechos humanos, con especial interés por los derechos de la mujer (v.g. en el Irán), la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Sería oportuno considerar la posibilidad de incluir una cláusula específica relativa al respeto de los derechos de la mujer en los acuerdos de asociación y cooperación. La creación de un espacio de paz y estabilidad en el continente europeo es una prioridad estratégica del Grupo del PPE-DE para los próximos años. La paz, la prosperidad y la estabilidad en la Europa sudoriental y la integración a largo plazo de estos países en las estructuras comunitarias ocupan un lugar primordial en nuestra estrategia. En este contexto, deberá darse prioridad a la intensificación de la cooperación con los nuevos vecinos de la Unión ampliada (Ucrania, Moldova, Belarús), en forma de una estrategia global de vecindad encaminada a desarrollar un espacio de prosperidad y relaciones pacíficas de cooperación, así como al progreso de la cooperación con Rusia, especialmente en temas de interés mutuo, tales como la prosperidad compartida, la democratización, la política de seguridad, abastecimiento energético, seguridad nuclear, transporte y lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Hay que hacer especial hincapié en la dimensión septentrional, especialmente en el caso de la región de Kaliningrado. Es necesario fomentar la cooperación transfronteriza, que reviste una gran importancia para el desarrollo equilibrado de la región. La estabilidad de la zona del Cáucaso se afianzaría mediante una política global a largo plazo, cuya principal misión sería el abastecimiento energético. Es fundamental estrechar los lazos trasatlánticos y fomentar la cooperación en el marco de una comunidad estratégica transatlántica para garantizar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en el mundo. Se deben revisar los viejos sistemas con vistas a construir una nueva relación más madura que permita el acercamiento de los puntos de vista estratégicos, en particular mediante el refuerzo de la OTAN y el desarrollo de las capacidades militares de Europa. Convendría impulsar las relaciones entre la UE y los EE.UU. mediante un proyecto que fomente la dimensión política y económica de la asociación, incluida la realización de un mercado transatlántico. Hay que dar un nuevo impulso al proceso de Barcelona en la región mediterránea, en particular mediante el establecimiento de una Asamblea parlamentaria euromediterránea, y hacer especial hincapié en la democracia, el respeto por el Estado de derecho, el desarrollo económico y social, así como en la intensificación del diálogo intercultural. El Grupo debe aunar esfuerzos para crear en el plazo previsto la zona de libre comercio euromediterránea –como se prevé en los Acuerdos de Barcelona– y profundizar su diálogo con sus socios del noroeste de África a fin de prestarles su apoyo para el establecimiento de la Unión del Magreb Árabe. Al mismo tiempo, la UE debe mantener su compromiso político en Oriente Próximo a través del papel del Cuarteto con una aportación más definida y equilibrada al proceso de paz. Además el Grupo debe seguir trabajando a favor de la consolidación de la paz en el Afganistán. El diálogo con el mundo árabe y musulmán deberá ser una prioridad de la presencia de la Unión en la región. La cooperación con Asia también reclama un impulso. Las relaciones con China, que constituye un socio estratégico de creciente importancia, merecen una atención especial. También deben estrecharse los vínculos con la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y con el proceso ASEM (Conferencia Asia-Europa), que desempeñan un papel primordial en la prevención de conflictos y en el fomento de la estabilidad política en Asia. En la misma línea, la India, que es la democracia más grande del mundo y un contrapeso geopolítico frente a China en el continente asiático, debería ocupar un lugar privilegiado en la política exterior de la UE. Se debe proseguir el diálogo político emprendido con el Irán en el marco de las negociaciones encaminadas a concluir un acuerdo de cooperación, que debería constituir un paso importante para estrechar las relaciones. Respecto a los países latinoamericanos, el Grupo aspira a consolidar la asociación estratégica birregional con América Latina mediante el establecimiento de un programa político y un proceso integral de asociación con nuevos acuerdos con Mercosur, la Comunidad Andina y América Central, a fin de contribuir a la estabilidad, la prosperidad y el Estado de derecho en la región. Por último, corresponde a la Unión Europea, en aras de su propio interés, fomentar el diálogo, siempre que se considere necesario a la luz de eventuales tensiones transfronterizas que hagan peligrar la estabilidad de la región (Oriente Próximo, Sáhara Occidental, Cachemira y el continente africano). IV.1.2 Prevención de los conflictos del futuro El instrumento con el que se pretende dar una respuesta satisfactoria a los nuevos retos en materia de seguridad, como la lucha contra el terrorismo, está sufriendo una transición, en la que se abandona la defensa colectiva a favor de la seguridad colectiva. Este cambio tiene importantes repercusiones en la reforma de las estructuras políticas y militares, que se concentran cada vez más en prepararse para afrontar los conflictos del futuro. La prevención es el pilar indiscutible que conferirá a esta nueva orientación un alcance global. La contribución de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) en este ámbito y su función especial en Europa merecen especial reconocimiento. Asimismo, la PESC debería abordar cada vez más cuestiones horizontales (abastecimiento de agua, comercio de drogas, diamantes y armas de pequeño calibre), que en muchos casos financian o contribuyen a financiar conflictos regionales. Esta iniciativa debería ir acompañada por el fomento de la cooperación regional y por la elaboración de una estrategia común de prevención de conflictos para África. Convendría revisar las misiones de Petersberg1 con el fin de adaptarlas a las nuevas amenazas a la seguridad e incluir la lucha contra el terrorismo. IV.I.3 Una PESC clara y eficaz integrada en la estructura comunitaria Si la PESC aspira a granjearse una posición de prestigio en la escena política internacional, habrán de delimitarse las competencias y los procesos de toma de decisiones. La integración parcial de la PESC en la estructura comunitaria, en la que se nombraría a un Ministro europeo de Asuntos Exteriores asistido por un servicio diplomático europeo formado por personal comunitario y nacional, y en la que las decisiones se adoptarían por mayoría como norma general, proporcionaría coherencia y visibilidad a las acciones externas de la Unión. Deberá garantizarse también el control democrático que ejerce el Parlamento Europeo. IV.1.4 Hacia una política europea de defensa Para elaborar en un futuro una política europea de defensa se necesita previamente un concepto europeo propio en materia de seguridad, en el que se defina una perspectiva y un análisis comunes de las necesidades. El principio de diferenciación en el ámbito de las operaciones militares determinaría las responsabilidades pertinentes en el proceso de toma de decisiones. La supresión de las carencias en materia de capacidad militar constituye un requisito previo esencial para la creación de una política europea de defensa a largo plazo. Las insuficiencias están asociadas a la fragmentación por países de la adquisición y planificación en materia de defensa, lo cual provoca la dispersión de los recursos financieros. Estrategia europea de seguridad
Capacidades La Unión Europea gasta actualmente cerca de 150.000 millones de euros al año en defensa, lo que supone alrededor del 50% de los gastos militares estadounidenses. Sin embargo, debido a la existencia de 15 ejércitos plenamente desarrollados y a la duplicación generalizada, en particular en el oneroso ámbito de la investigación, la eficacia de la defensa europea tan sólo se sitúa en el 10% de los niveles estadounidenses. La Unión Europea debe establecer un mercado europeo del armamento y es preciso seguir reforzando el Código de conducta en materia de exportación de armas. En este contexto, convendría aplicar el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones adoptadas por los Gobiernos de los Estados miembros relativas a la exportación de armas, lo que permitiría a la Unión Europea reforzar su capacidad para pronunciarse con una sola voz. Es necesario crear una agencia para la investigación y el desarrollo en materia de defensa, que actuaría como proveedor de los ejércitos nacionales de forma coordinada. Los proyectos de investigación deberían centralizarse y coordinarse, como mínimo, mediante una estructura central. Las licitaciones deben publicarse en todo el territorio de la Unión para que la adjudicación de contratos de armamento se desarrolle en un marco de verdadera competencia, siempre y cuando los intereses de seguridad no sugieran lo contrario. Poco a poco, convendría dejar de aplicar de forma tan extensiva el artículo 296 del Tratado actual. El Tribunal de Justicia europeo ha emitido numerosas sentencias en este sentido en los últimos años. Dadas las circunstancias actuales de seguridad, es de vital importancia asegurar la interoperabilidad de los distintos ejércitos de los Estados miembros. Por tanto, debemos garantizar que los equipos y la formación de los Estados miembros son conformes a las normas comunes. La creación de una verdadera política espacial europea constituye uno de los principales retos tecnológicos de la Unión, cuya implantación le permitiría finalmente, entre otras cosas, garantizar la independencia de su inteligencia militar. Éste es el motivo por el que el Grupo del PPE-DE apoya plenamente el programa Galileo, al tiempo que, no obstante, considera lamentable el hecho de que no se hayan aceptado los aspectos militares del proyecto como tales, y propone que la Agencia Espacial Europea pase a llamarse Agencia Espacial de la Unión Europea. IV.2. Firme compromiso financiero con el mundo en desarrollo Más de mil millones de personas viven con menos de un 1 dólar al día. Demasiadas personas carecen diariamente de alimentos, educación y medicamentos. El Grupo del PPE-DE se asegurará de que la UE mantenga un firme compromiso financiero con el mundo en desarrollo. IV.2.1 Erradicación eficaz de la pobreza | |||||||||||||||||||||||||
